El acceso a la salud mental en Perú, antes de la pandemia del COVID-19, superaba el 70%, según el informe del Ministerio de Salud (Minsa). Por ello, para que haya mayor acceso, en el 2019 el Gobierno promulgó una ley que propuso que se haga un enfoque comunitario y ante ello, las aseguradoras privadas deberían incluir tratamientos mentales dentro de sus pólizas.
Luego de 3 años de haber promulgado esa ley, este problema se encuentra en su máximo esplendor. Las aseguradoras no han cumplido con la medida, mientras que la atención pública no se da abasto en todo el país. Desde el Estado la salud mental enfrenta a una reducción de su presupuesto, falta de profesionales y de centros comunitarios para atender la actual demanda de pacientes.
Las personas que se encuentran aseguradas en servicios privados de salud recurren al Estado o dependen de pagos externos para poder seguir su tratamiento, a pesar de que la ley estipula que este sea incluido en las pólizas.
Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), comentó que reúne a aseguradoras privadas en Lima Metropolitana, sostiene que sí cubren casos de depresión, ansiedad, psicosis y adicciones. Sin embargo, asegura que para otras condiciones aún falta el desarrollo de la guía práctica clínica, que está a cargo del Minsa; sobre este aspecto, hace dos años informaron que solo requerían la actualización del Plan de Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), que se hizo en 2021.
Asimismo, enfatiza que las aseguradoras se encuentran realizando mecanismos para resolver dicho problema, porque solo pueden avanzar parcialmente dado que la obligación es del ente rector.c
“Las IAFAS (Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento) privadas vienen trabajando en ello activamente. Ya tienen contratos firmados con proveedores de salud mental y están buscando que la oferta de atención pueda ser más flexible, incluyendo la atención por telemedicina, para ampliar la cobertura de atención en ámbitos fuera de la capital”, sostuvo.
Esto tiene algunas restricciones, ya que Rímac, Mapfre, La Positiva y Pacífico Seguros, que forman parte de la Apeseg no incluyen el tratamiento de pacientes con trastornos mentales ni de personas drogodependientes, aunque este ítem sí forma parte del plan de salud mental.
Una revisión realizada por el diario La República, Mapfre evidencia que solo los planes trébol y familiar mencionan los servicios de salud mental. Sin embargo, al indagar en los términos y condiciones se observa la exclusión de las hospitalizaciones, los medicamentos y tratamientos por emergencia. Un panorama similar ocurre con las otras empresas de seguro privado.
Según el psicólogo Manuel Saravia, el 20% de la ciudadanía padecía de algún tipo de trastorno. Sin embargo, la cifra ha aumentado con la pandemia del COVID-19. Su ascenso se debe a la carencia de servicios públicos para 33 millones de peruanos y peruanas.
El Minsa reconoce que se requieren alrededor de 315 centros comunitarios para atender a la población, es decir, uno por cada 100.000 habitantes. La meta era contar para el 2021 con 241. Sin embargo, a la fecha, solo se cuenta con 208 (1 por 158.000 personas). Todavía falta avanzar en un 34%.
Otra de las problemáticas presentes es que desde hace dos años, la mayoría de los centros comunitarios cerraron por la emergencia sanitaria. Por ello, en marzo del 2020, las atenciones cayeron aunque se habrían retomado de manera virtual. “No todas las personas tienen acceso a internet; los abordajes por teléfonos o vía zoom han sido limitantes”, agregó Saravia.
En el caso de padecer un trastorno moderado, la normativa actual estipula su traslado a hogares protegidos, de los cuales solo existen 52 de los 241 requeridos.
31 hospitales se encuentran habilitados para recibir pacientes a los que en realidad se prioriza la atención comunitaria y una hospitalización temporal por 45 días. De esa cifra, los más especializados se encuentran en Lima: el Larco Herrera y el Hemilio Valdizán, así como el Instituto Nacional de Salud Mental.
Otro problema es el de la infraestructura, a la cual se le suma la reducción del presupuesto y el déficit de profesionales. Para este año, el presupuesto institucional de apertura (PIA) en salud mental se redujo en 14% con respecto al año anterior, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La mayor reducción se observa en el monto que se ha destinado para el tratamiento de personas con trastornos mentales juficalizadas, ciudadanos con procesos judiciales y/o penales por haber cometido un delito y que tienen un diagnóstico agudo o crónico. En este caso, la disminución representa un 89%. De igual manera sucede con la atención a pacientes con trastornos afectivos y de ansiedad que ya fueron tratados oportunamente, el cual sufrió una pérdida del 41%, sin importar que, según un informe de la Dirección de Salud Mental del Minsa, se atendieron 300.000 casos de ansiedad solo en 2021, una cifra que supera en 12% la etapa prepandemia.
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