Inicio con una buena noticia: de acuerdo con los datos del monitoreo que coordino en Lantia Intelligence, el primer trimestre de 2022 fue el menos violento en varios años. En el ámbito nacional contabilizamos 5 mil 89 víctimas letales del crimen organizado. Sigue siendo una cifra monstruosa. Sin embargo, es la menor desde el tercer trimestre de 2017, e implica una caída de 18.4 por ciento en comparación con las 6 mil 238 víctimas registradas un año atrás, en el primer trimestre de 2021.
Este bajón de la violencia criminal fue parejo en casi todas las dimensiones que pudimos evaluar. La reducción fue proporcional entre mujeres y hombres, así como entre grupos de edad. El número de víctimas que forman parte de alguna corporación de seguridad, militar o civil, bajó más o menos al mismo ritmo que el del resto de las víctimas. Tampoco hubo distinción entre el ámbito rural y el urbano.
Sin embargo, identificamos una diferencia significativa. En el conjunto de los 14 estados donde se eligió gobernador en junio pasado –y donde, por consiguiente, hubo un cambio de gobierno en el segundo semestre de 2021– la disminución en el número de víctimas fue apenas de 14.8 por ciento; en contraste, en el conjunto de las otras 18 entidades federativas, donde no se eligió gobernador, la disminución fue de 21.8 por ciento.
Este hallazgo estadístico no es concluyente. De hecho, en esta comparación sólo podemos capturar las dinámicas que se asocian a las elecciones y los cambios de gobierno en el ámbito estatal, cuando sabemos bien que los principales conflictos tienen que ver con las elecciones municipales. Sin embargo, la diferencia entre los estados que eligieron y los que no eligieron gobernador, sí abona a la hipótesis de que los procesos electorales y los cambios de gobierno, en particular los cambios de mandos policiales, tienden a exacerbar los conflictos criminales y a generar violencia.
Al respecto, apenas la semana pasada comentaba en este espacio el importante papel que la continuidad en las instituciones policiales ha desempeñado para mantener un sobresaliente nivel de seguridad en Yucatán (el secretario de Seguridad estatal, Luis Saidén, ha permanecido 15 años en el cargo).
En contraste, Michoacán es un caso emblemático de las tensiones que los cambios de gobierno generan en lugares donde hay un conflicto criminal preexistente. Michoacán fue uno de los 14 estados donde el año pasado hubo cambio de gobernador. No sólo eso. El perredista Silvano Aureoles, que durante la primera mitad del sexenio había sido uno de los principales detractores de AMLO entre los gobernadores, fue reemplazado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla. Era impensable que Ramírez Bedolla dejara en el cargo a Israel Patrón, el secretario de Seguridad de Silvano Aureoles (sobre todo considerando los excesos y probables desvíos de recursos en la policía estatal de Michoacán, que se han dado a conocer recientemente). En su lugar, Ramírez Bedolla nombró al general José Alfredo Ortega. Sin embargo, y a pesar de la intensa presencia del Ejército y de la Guardia Nacional, las elecciones, y luego el cambio de gobierno, han estado acompañados de una ola de violencia sin precedentes. Michoacán fue el estado donde más aumentó en términos absolutos la violencia durante el último año.
Es muy probable que en el corto plazo, las elecciones y los cambios en el Ejecutivo y en el mando de las policías sí contribuyan a generar más violencia. Éste, por supuesto, no es un argumento contra la democracia. La competencia política también debería incentivar, en el largo plazo, un mayor compromiso de las autoridades electas con la seguridad (que en varias regiones del país es la principal preocupación de los ciudadanos).
Sin embargo, los hechos de violencia que envolvieron el proceso electoral de 2021 sí nos recuerdan sobre riesgos graves en el corto plazo. En particular, que es posible que en partes del territorio simplemente no existan condiciones para un genuino ejercicio democrático. En las localidades donde el crimen organizado tiene control territorial, las elecciones terminan por ser un juego perverso, donde los candidatos irremediablemente terminan por ser comprados o intimidados, cuando no son ellos mismos parte del crimen organizado. Conozco alcaldes que viven aterrorizados. Otros, como el alcalde de Aguililla (asesinado hace un mes), no viven para contarlo.
Por otro lado, me parece importante reiterar que las cifras del primer trimestre de 2022 nos dan algunos motivos para ser optimistas. En cierto sentido, las elecciones de 2021 fueron las más grandes de la historia democrática de México. Prácticamente todo el país renovó ayuntamientos. A pesar de la enorme presión que generaron las elecciones, los asesinatos vinculados con el crimen organizado disminuyeron de forma significativa por primera vez en muchos años.
Source ¿La democracia genera muertos?