En el sector público, como en el privado, aún en la era de la transformación digital, el recurso humano continúa siendo determinante para lograr un buen resultado en la producción de un bien o en la prestación de un servicio.
El recurso humano es fundamental en la administración pública por lo que es pertinente analizar el entorno laboral de los hombres y mujeres que la integran, sus necesidades, fortalezas y debilidades, a efecto de comprender las causas que influyen en su desempeño y en la calidad del servicio que prestan a la ciudadanía.
El primer reto sería definir qué se entiende por buen gobierno. Partiendo del supuesto de que todos los gobiernos quieren cumplir adecuadamente sus responsabilidades, nos encontramos con variadas definiciones con elementos comunes: honestidad, transparencia, respeto a los derechos humanos, profesionalismo, eficiencia, eficacia, austeridad, simplificación administrativa, uso de recursos digitales, respeto a los derechos humanos y promoción del desarrollo sostenible y tecnológico, entre otros.
Adicionalmente tenemos el concepto de gobernanza que de acuerdo a la ONU, se relaciona con el ejercicio de la autoridad económica, política y administrativa en la gestión de un país e incluye mecanismos, procesos e instituciones mediante los cuales los ciudadanos expresan sus intereses, ejercen sus derechos, satisfacen sus obligaciones y resuelven sus diferencias.
Ahora bien, es importante diferenciar al servidor público electo del servidor público designado para comprender mejor su comportamiento. Lo anterior, partiendo de que ambos están sujetos al marco jurídico correspondiente : la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; la Ley de Responsabilidades Administrativas; y la Ley Federal de Austeridad Republicana, entre otras.
Para empezar, quien ocupa un cargo de elección popular tiene un mandato derivado directamente del pueblo a quien está obligado a servir y rendirle cuentas de sus actos; está sujeto a mayor escrutinio público y; tiene expectativas de continuar su carrera en puestos de elección popular. Ésto puede influir en su desempeño de manera positiva.
Otra diferencia es que quien realiza una campaña para un puesto de elección popular generalmente adquiere compromisos políticos y económicos con aquellas personas, grupos o instituciones que lo apoyan; compromisos que habrán de atenderse en el ejercicio de la función pública.
El cumplimiento de estos compromisos influye en su actuación, positiva o negativamente. En muchas ocasiones son contrarios a los intereses y a las demandas ciudadanas, y a los principios de un buen gobierno, y explican algunos de los actos arbitrarios y de corrupción.
Por otra parte, el servidor público designado no pertenece, generalmente, a la élite del poder. Más bien forma parte de la burocracia. Este término, acuñado en el siglo XVIII por el economista fisiócrata Vincent de Gournay, se utiliza de manera peyorativa y se asocia a ineficiencia, ineficacia y prepotencia. Su significado es ambigüo, destacando en el siglo XX, la conceptualización de Max Weber: la burocracia es una estructura administrativa para el dominio legal cuyo ideal educativo es el experto, formado por medio de un entrenamiento técnico-científico.
Su nombramiento proviene de una decisión superior y aunque, como se señaló, está sujeto al marco jurídico y normativo de la Administración Pública, en la práctica rinde cuentas a quien lo designó. Su conducta y desempeño obedecen más al deseo de obtener la gracia y protección superiores que a su compromiso de prestar un servicio adecuado a la ciudadanía. Por ello está dispuesto a correr altos riesgos en el desempeño de su función.
Adicionalmente, sus expectativas de permanencia en el puesto son pocas pues está sujeto a períodos trianuales o sexenales y a la caprichosa voluntad superior, por lo que tiende a desempeñarse con una visión individualista y de corto plazo.
Los trabajadores sindicalizados gozan de mayor estabilidad laboral que los de confianza aunque sus salarios son relativamente menores y tienen pocas posibilidades de ascender jerarquicamente. Su compromiso fundamental es con los líderes sindicales.
De esta manera, la incertidumbre laboral, el compromiso con sus superiores o protectores, los salarios poco competitivos y el bajo reconocimiento social, entre otros factores, desmotivan al servidor público para realizar un buen desempeño, capacitarse y ajustarse a los principios que marca la Ley : disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, transparencia, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.
Doce principios que son desconocidos por un alto porcentaje de servidores públicos, comprendidos por unos pocos y cumplidos por una selecta minoría.
Todo esto genera un círculo vicioso que afecta el buen desempeño y obstaculiza la concreción de un buen gobierno.
Para romperlo es necesario considerar a la fuerza de trabajo de las administraciones públicas como capital humano capaz de mejorar su productividad. Valorar sus talentos, vocación y experiencia y promover de manera permanente su capacitación y desarrollo profesional: ética profesional; competencias; conocimientos, habilidades, actitudes, capacidad de innovación; colaboración en equipo y; manejo de herramientas digitales.
Lo anterior no significa dejar a un lado la aplicación del marco legal correspondiente ni soslayar los casos en que se infrinja la Ley.
Significa, considerar a las y los servidores públicos como parte de la solución y no del problema y proporcionar los elementos necesarios para desarrollar todo su potencial profesional con una visión humanista y de largo plazo que dignifique su labor en beneficio de la ciudadanía.
El autor es Economista, demógrafo y politólogo. Profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Source Jorge Manjarrez: Burocracia y buen gobierno