Argentina tiene una enorme cantidad de leyes. Tenemos un Estado con controles y disposiciones para prácticamente todas las situaciones que se presenten. Y, por supuesto, también tenemos mecanismos para buscar y sancionar a aquellos que evaden, que tienen su capital no declarado o que intentan llevárselo fuera del país sin pagar lo que corresponde.
El proyecto al que el Senado dio media sanción el jueves, además de revelar la desesperación por conseguir divisas que tiene el Gobierno, favorece a los evasores dándoles un esquema muchísimo más beneficioso que el vigente para traer sus dólares.
En pocas palabras, es un blanqueo. Se le permite a gente que violó la ley que vuelva a estar dentro del sistema, a un costo menor que el que la ley ya dispone y no se le cuestiona ni pregunta sobre el origen de los fondos.
La sobreabundancia de leyes termina en situaciones como esta en la que, creyendo que inventamos algo, solamente reinventamos lo existente, y además lo hacemos peor.
Se dice que el fin de esta iniciativa es ir detrás del dinero fugado, pero en realidad están yendo a buscar una parte. ¿Por qué dicen que van contra lo que se fugó si en realidad solo van por lo no declarado?
¿Por qué no dejar actuar a los organismos que tienen competencia en esta materia como la AFIP o la UIF? ¿Por qué vamos a crear una ley si tenemos normas vigentes que darían mejores resultados?
Por supuesto que es importante y necesario ir a buscar a los que evaden. Pero ya tenemos las herramientas, es cuestión de usarlas.
Tenemos que tener claro, además, qué incentivos estamos generando, qué le estamos diciendo a la gente, a los inversores, a los ahorristas, cuando les ofrecemos un costo menor cuando se aparten de la ley.
No veo cómo podemos lograr, después de esto, que la ley se respete más que antes si lo único que estamos haciendo es marcar el antecedente de que cuando sea útil por alguna razón, les vamos a dar beneficios a los evasores.
Suficientemente preocupante es este manejo desprolijo e improvisado de nuestro orden jurídico, pero el problema se agrava cuando lo ponemos en contexto. Tenemos una inflación por encima del 6% por segundo mes consecutivo y que va a cerrar el año más cerca del 70% que del 60%, tenemos niveles de pobreza que siguen siendo intolerables, cada vez tenemos menos trabajo formal y aun cuando lo hay, en algunos casos tienen salarios de pobreza y no alcanzan para llegar a fin de mes.
¿Y nuestra respuesta es un blanqueo para beneficiar a los evasores? ¿Cuán desconectados de la realidad vamos a estar?
Tenemos que salir de la construcción política basada en el amigo-enemigo, los buenos que hacen todo bien y los malos que hacen todo mal, del pueblo-anti pueblo, y entender que no hay más tiempo. No hay más tiempo para peleas, para chicanas, para oportunismos ni para intentos de salvarse.
No tenemos más tiempo porque la realidad que viven miles de personas en las provincias que representamos es de frustración y desesperación. Lo veo todos los días en mi provincia, San Luis.
Es momento de construir el país del largo plazo donde las reglas sean claras. Con un plan que nos dé certeza y que vayamos reafirmando paso a paso para dónde vamos, porque si no tenemos brújula todos los vientos son malos.
Entendamos que son demasiados años de frustraciones y que tenemos que asumir nuestra responsabilidad en torcer ese destino, porque por este camino se vuelve cada vez un poco más inevitable.
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